El agua, un derecho humano violentado
Fotos: Luis Ponciano La gestión del agua sigue beneficiando a las grandes industrias y grupos de poder. Las comunidades y los ciudadanos son despojados del recurso, y éste se privatiza y concentra en pocas manos. ¿Por qué es necesario que se reconozca el derecho humano al agua y que exista una nueva Ley General de Aguas?
Andrés Gallegos
Desde febrero de 2012, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al acceso y saneamiento del agua. Entonces, también, se llamó al Poder Legislativo a expedir una nueva Ley General de Aguas que reconociera ese derecho en un plazo de 360 días.
Sin embargo ya pasaron diez años y aún no se obedece el mandato constitucional, debido al interés de grupos de poder en que se mantenga vigente la actual Ley de Aguas Nacionales, que fue aprobada en 1992 y está inspirada en políticas que tienden a la privatización y la concentración del agua en pocas manos.
"La ley actual mantiene un sistema de expoliación, contaminación y concentración del agua, conservando los privilegios de actores industriales y de negocios que necesitan grandes volúmenes de agua para que sus empresas funcionen", señaló Mario Edgar López Ramírez (foto), académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO (Cifovis). "Para los ciudadanos, esto significa que la prioridad en el acceso al agua no es para las grandes mayorías que requieren agua, sino para los mismos actores del poder".
La omisión deliberada del decreto de 2012 representa el antagonismo entre la continuidad neoliberal, que concibe el agua como una mercancía, y una perspectiva de derechos humanos que defiende el agua como un bien público y un bien de la naturaleza, explicó Miguel Ángel Montoya, asesor legislativo y especialista en gestión integral del agua.
"La ley vigente tiene que ser derogada y dar lugar a otra que cumpla con la Constitución y brinde el derecho humano al agua y el saneamiento. Cualquier otra cosa es simulación", sentenció. "No se reglamenta el Artículo 4 para no derogar la Ley de Aguas Nacionales, que se deja intocada porque es la base del modelo vigente de expoliación, concentración y contaminación del agua".
La salud pública y la disponibilidad del agua, en juego
Mantener la actual Ley de Aguas Nacionales significa que continuará la contaminación del agua en México, con graves consecuencias para la salud pública y el consumo humano, aseveraron expertos.
Las consecuencias ya están a la vista en Jalisco: la acumulación de metales pesados en el Lago de Chapala, por ejemplo, ha provocado una crisis de enfermedades renales en los municipios cercanos, afectando especialmente a los niños. Además las industrias que concentran el agua ya dejaron contaminado e inutilizable el Río Santiago, generando daños a la salud. Y hay un creciente problema de escasez.
"Se vivirá con mayor intensidad el padecimiento de carestía, concentración, contaminación e inundaciones, porque tampoco hay infraestructura con un enfoque basado en la naturaleza", señaló Montoya.
La falta de una nueva Ley General de Aguas que cambie el modelo de gestión hacia una perspectiva de derechos humanos es una bomba de tiempo. Según lo comentado por Mario López, 85 por ciento de las aguas superficiales en México están contaminadas y no se sabe el nivel de afectaciones del agua subterránea.
"Está en juego la salud pública. La contaminación del Lago de Chapala genera graves problemas renales, aunque los gobiernos lo nieguen", mencionó el académico del ITESO. "Hay que reaccionar antes de que el tiempo nos gane, porque lo que le hacemos al agua, nos lo hacemos a nosotros".
El agua, regida por las leyes del mercado
En la última década no solo se han rechazado las propuestas de ley de aguas respaldadas por organismos civiles, comunidades y academia, sino que se han intentado aprobar leyes que aceleren la privatización extrema del agua, con medidas como la apertura al fracking.
Las iniciativas de este tipo, que fracasaron gracias a las presiones de la sociedad civil, fueron la Ley Korenfeld (2015), llamada así por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, que despojaba a pueblos indígenas y campesinos del acceso al agua, privatizaba el recurso mediante la concesión de grandes obras hidráulicas y definía el derecho humano al agua como garantizar 50 litros diarios a cada mexicano.
La segunda iniciativa privatizadora fue la Ley Pichardo (2017), llamada así por José Ignacio Pichardo, entonces diputado federal del PRI, que entre otras cosas facilitaba el acceso al agua a las compañías mineras y petroleras para extraer gas y petróleo del subsuelo, es decir, facilitar el fracking.
Aunque el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de no privatizar el agua, se mantiene intacta la actual Ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo con Montoya, esto se debe a que la "ideocracia neoliberal" —es decir, el poder económico y político que profesa la idea del agua como un bien privado— sigue dominando las esferas donde se deciden las políticas públicas del país: persiste una idea de gobernanza del agua a favor del mercado, dejando fuera la participación de la ciudadanía y las comunidades.
"La balanza se inclina a favor de la continuidad y no veo que existan las condiciones políticas para cambiar esto", aseveró Montoya, quien añadió que se seguirá luchando para que no predomine esta visión pesimista y se alcance verdaderamente una nueva Ley General de Aguas.
Beneficios de una nueva Ley General de Aguas
Desde hace tiempo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), universidades como el ITESO, movimientos sociales como Agua para Todos o instancias de justicia alternativa como el Tribunal Latinoamericano del Agua, han trabajado y puesto en la discusión pública una nueva Ley General de Aguas que cumpla la Constitución y valide el derecho humano al recurso hídrico.
"Contiene una perspectiva sustentable y dotará de herramientas políticas y jurídicas a los afectados ambientales, a quienes trabajan en defensa de los ríos y lagos y a los grupos que defienden una gestión comunitaria sustentable del agua", comentó López, quien es uno de los impulsores activos de la iniciativa.
El proyecto de ley ha recibido el apoyo de asesores jurídicos que, a su vez, han trabajado directamente con comunidades en defensa del agua. También pretende mantener vivo el debate en la Cámara de Diputados y evitar que se olvide el tema, como ha sucedido hasta hoy.
La iniciativa pone en la mesa tres aspectos que la actual Ley de Aguas Nacionales deja de lado y no conviene a los grandes capitales:
1.- Derechos humanos: de acuerdo con López, los grupos de poder pretenden simular el derecho humano al agua y al saneamiento dejando intacta la ley vigente.
2.- Participación ciudadana: la nueva iniciativa pretende ampliar la toma de decisiones sobre el agua a los ciudadanos y las comunidades, en lugar de concentrar las decisiones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). "Por eso es importante generar instancias de carácter ciudadano que propicien el que las instituciones oficiales protejan y tutelen el derecho al agua", explicó Montoya.
3.- Bienes de la naturaleza: se busca el reconocimiento jurídico de los ríos y lagos, así como reconocer el agua como un bien público.
Otros aspectos relevantes de la iniciativa de Ley General de Aguas consisten en:
- Incluir la noción del ciclo del agua. "No solamente se trata del gobierno del fluido líquido; se olvida que el agua es parte de un ciclo y quedan fuera de la norma cosas como la gestión del agua de lluvia o el agua subterránea", recordó López.
- Derribar el concepto de acuíferos, una herramienta administrativa para repartir concesiones de agua subterránea a las grandes empresas, y reemplazarlo por la idea de flujos, para evitar su privatización.
- Cuidar la procedencia del agua en lugar de poner el énfasis en la infraestructura, como sucede con políticas públicas oficiales como la construcción de la Presa El Zapotillo. "Si no se cuidan las fuentes de agua, no hay agua en los tubos", afirmó López.
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