Denuncian aumento de violaciones de los derechos humanos de migrantes

Gustavo Abarca

En Centroamérica y Norteamérica se vive una crisis humanitaria desde hace algunos años, la cual se ha recrudecido en los últimos meses debido al incremento de la niñez migrante no acompañada y de la deportación de la misma, señalaron representantes de la Red Jesuita con Migrantes de la región.

En rueda de prensa, organizada por el Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO, en la mañana del 4 de noviembre, Úrsula Roldán, representante de la  Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica explicó que esta crisis no es causada por "el deseo de los niños de irse a Estados Unidos, sino que tiene causas coyunturales como democracias y gobiernos débiles que no garantizan las condiciones básicas para que la población se desarrolle en condiciones dignas, además la violencia".

Roldán añadió que para solucionar esta crisis se debe poner la atención en "las causas estructurales de la migración masiva a Estados Unidos y en las respuestas que se están dando desde los países del norte en materia de deportación, militarización de las fronteras y persecución de la población migrante".

Arturo González, SJ, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en México, enfatizó que ésta crisis "fue un pretexto del gobierno de Estados Unidos junto con los de México y Centroamérica para implementar políticas migratorias policiales y militares".

A su vez, destacó que la implementación del Programa Integral de la Frontera Sur del Gobierno Federal, el cual tiene el objetivo de "proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo de la región", está generando más violación de los derechos humanos y no hay disminución del flujo migratorio.

González informó que en México transitan 400 mil migrantes al año, de estos, el 18 por ciento subía a "La Bestia", pero desde junio no les está permitido subir al tren. Además, "en Estados Unidos ha habido 57 mil menores detenidos en los ocho meses y 37 mil de ellos están en proceso de deportación. En México, los niños deportados superan los 55 mil, muy por arriba de los 8,446 que hubo en 2013".

Mary DeLorey, representante de la  Red Jesuita con Migrantes en Estados Unidos, externó que hay preocupaciones en su país, entre las que se encuentran los "intentos del gobierno estadounidense a debilitar las protecciones a niños migrantes no acompañados", y al reinicio de detección de familias migrantes, lo cual se había dejado de hacer en 2009.

Sofía de la Peña, coordinadora de Asuntos Migratorios del CIFS, destacó que para Compañía de Jesús la migración y el refugio son temas prioritarios, en los que se trabaja desde escalas locales hasta globales y que actualmente se trabaja en los "distintos contextos que vemos con la creciente hostilidad ante migrantes y refugiados, para ir detectando problemas y necesidades, y sobre todo, qué retos y desafíos nos plantea en términos de atención a los migrantes y sus familias, para buscar una mejor defensa de sus derechos humanos y mejores condiciones de vida".

Exigen acciones

Ante el contexto presentado en la actividad, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica exige a las autoridades cuatro acciones.

En primer lugar, que "se aplique la opinión consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de agosto de 2014, sobre Derechos y garantías de los niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional". Al respecto, Yolanda González, coordinadora de Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, añadió que la idea es que los menores queden protegidos y que tengan acceso a entrevistas con trabajadoras sociales.

González señaló que el segundo punto, "que se garanticen las posibilidades de protección internacional en Estados Unidos y México. Urge mejorar la supervisión de los procesos de control de asilo y trata de personas en Estados Unidos", hace énfasis a que se supervisen los procesos de control de asilo y las autoridades del país destino sepan que las personas que migran si temen regresar a su país de origen.

La coordinadora destacó que la migración debe ser vista como un asunto de seguridad personal y no de seguridad nacional, por lo que enfatizó que "los gobiernos de origen asuman su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos a sus connacionales y no colaboren en la criminalización de las personas en situación de movilidad".

El último punto exigido por la red refiere a la creación de "una política migratoria regional con enfoque de derechos humanos, que no se base en el control fronterizo y criminalización de las personas migrantes". 

Puede acceder al comunicado de la red desde el siguiente enlace: http://goo.gl/7fDn5X.